(28.06.2010) El procedimiento empleado por el gobierno municipal para encontrar sustituto temporal a la Tesorera del Ayuntamiento no ha seguido los cauces normales que se emplean en estos casos. Así lo cree el PSOE isleño quien, a través de su concejal Fernando León, señaló que la actuación “se ha realizado de una forma tan legal como poco ortodoxa, esto es, haciendo uso una vez más de la herramienta de gestión más utilizada por el alcalde andalucista Manuel Mª De Bernardo: el Decreto. Curiosamente quien se jacta ante la opinión pública de que no va a gobernar a golpe de moción –en alusión a las propuestas que los socialistas llevan al Pleno- sí lo está haciendo mediante decretazos”.
Esta fórmula impide el posicionamiento de la oposición municipal, cuestión por la que es utilizada asiduamente desde la Alcaldía isleña, aunque legalmente busque el amparo de la ‘urgencia’. Y dice León que la sustitución de la Tesorera no se ha hecho siguiendo los cauces normales en este tipo de situaciones, “porque existen personas con mayor capacitación profesional y con un nivel jerárquico superior para poder llevar a cabo las funciones propias de ese puesto de alta responsabilidad y que, mucho nos tememos, podría haberse reconvertido en un mero cargo de confianza”.
Baja temporal
El Decreto firmado por De Bernardo se asienta en la petición de baja por maternidad solicitada por la titular de la Tesorería el día 8 de marzo de 2010, efectuándose la sustitución a favor de la funcionaria “más capacitada”, quien ostenta la delegación general en funciones propias del puesto en virtud de otro Decreto de Alcaldía fechado el 27 de octubre de 2009.
La persona designada por De Bernardo para sustituir a la Tesorera se encuadra laboralmente en la subescala administrativa clasificada en el grupo C subgrupo C1, mientras que el puesto a cubrir pertenece al grupo A. Por tanto, la responsabilidad que va a ostentar en el organigrama administrativo es considerablemente mayor, un hecho agravado por la situación en que se encuentra el Ayuntamiento tras haberse detectado el robo de 7’8 millones de euros de la Caja Municipal. 
Dudas
Además de resultar improcedente este nombramiento, el Ayuntamiento también tendrá un sobrecoste económico al haber adoptado la decisión de sustituir a un funcionario del grupo A -el más alto de cuantos existen en la administración pública- por otro del grupo C. Aproximadamente tal decisión se cuantifica en 1304 € más al mes atendiendo al pago de los complementos salariales específico y de productividad.
Para el socialista lo correcto, “y lo que realmente necesita nuestro Ayuntamiento”, hubiese sido realizar una reordenación laboral del personal existente en el área “y no haber fomentado un ascenso que se ha llevado a cabo de manera premeditada y sin justificación aparente para situar al trabajador beneficiado en la posición más adecuada para poder ejercer la sustitución de la Tesorera”.
Para ello a la funcionaria en cuestión se le nombra previamente Jefa de Unidad Administrativa de Tesorería a petición de la propia Tesorera quien lo solicita mediante escrito remitido a la Alcaldía el pasado 24 de febrero. Para esta designación  argumenta el carácter de urgencia del nombramiento por el procedimiento abierto a los dos cajeros imputados en el robo de la Caja Municipal.
Esta situación llena de dudas a los socialistas que no se explican los motivos de tal decisión “cuando el estado en que se encuentra la hacienda local invita a extremar la transparencia y, sobre todo, a la adopción de las medidas adecuadas, caso que en este caso no se ha hecho”. Tantas evidencias hacen que el edil socialista sospeche que ha existido intención de promocionar para ese relevante puesto a “una persona en concreto y pese a que no contaba con la cualificación necesaria para el desempeño de esas funciones. ¿Por qué? No lo sabemos”, apostilla.
Finalmente León concluye que “este Ayuntamiento necesita de manera urgente un cambio, la reorganización de su activo más importante, la plantilla de funcionarios y trabajadores, y que las bajas existentes sean cubiertas a través de ofertas pública de empleo o siguiendo cualquiera de las fórmulas legalmente establecidas caso de la promoción interna, y no haciendo uso de determinadas atribuciones que sólo consiguen generar malestar y dudas”.