La petición de Armario incide en una moción elevada por los socialistas al Pleno de la Corporación en octubre de 2007 y en la que demandaban “profundizar en los valores democráticos y en la transparencia de las acciones desempeñadas por los políticos”. En aquella ocasión, como cada vez que el asunto ha sido abordado en el parlamento local, la iniciativa fue rechazada tanto por andalucistas como por populares quienes no encontraron una excusa mejor para justificar la negativa a una medida “de la que no hay nada que temer y sí, en cambio, mucho que ganar”, que acudir a la situación de otras administraciones. “Cuando Diputación haga público el listado de bienes de los diputados, nosotros haremos el nuestro”, vino a concluir el alcalde de la ciudad Manuel Mª De Bernardo.
Pues bien, al Bipartito ya no le quedan más excusas –“a no ser que quieran inventarse otras”- puesto que la Diputación Provincial ha anunciado que publicará en su página web antes de que finalice el mes de enero el Registro de Actividades y un Registro de Bienes Patrimoniales de los miembros de la Corporación, tal y como se aprobó por unanimidad en el Pleno del pasado mes de noviembre respondiendo a un compromiso asumido por el presidente de la Institución, Francisco González Cabaña.
Así, el Registro de Actividades contendrá las posibles causas de incompatibilidad, y las remuneraciones que perciban los diputados en función de sus cargos públicos, por pensiones y derechos pasivos o por actividades privadas.
Por su parte, el Registro de Bienes Patrimoniales determinará la propiedad de inmuebles urbanos y rústicos, los saldos bancarios, acciones y participaciones, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, valores mobiliarios, seguros de vida, así como vehículos, obras de arte, o porcentajes que correspondan en bienes y derechos indivisos.
Armario aseguró que la propuesta que va a desarrollar Diputación pone de relieve “el deseo de las administraciones gobernadas por los socialistas por incluir la transparencia en la gestión pública”. Desde la Presidencia del Gobierno de España, pasando por ministerios y Junta de Andalucía –“como bien conoce la parlamentaria Carmen Pedemonte”-, y ahora la Diputación Provincial –“incluido el andalucista Manuel Prado”- “todos sus responsables han admitido con normalidad democrática el derecho de la ciudadanía a controlar a sus gobernantes. Además la medida sale en ayuda de la clase política, en unos momentos en los que el desarrollo de la actividad pública pasa por unos momentos delicados. “Con esta iniciativa queremos hacer que la ciudadanía tenga una percepción más diáfana de los políticos y contribuir a ofrecer una imagen de transparencia más real que la que se traslada a la opinión pública”.
El máximo responsable socialista espera que la medida, una vez pasado el trámite exigido por el Gobierno de PA y PP, sea abordada en la próxima Junta de Portavoces y cuente con su desarrollo en un plazo en un plazo no superior a un mes.

Y mientras el PA lo pide en Cádiz

Curiosamente, la publicación del patrimonio de los concejales ha sido propuesta por el PA en el Ayuntamiento de Cádiz, en donde gobierna el PP.  No obstante la petición andalucista no encontró  eco entre sus socios políticos. “Hablamos de una cuestión que interesa a todos los contribuyentes, el saber en qué situación patrimonial se encuentran nuestros ediles antes y después de sus funciones como políticos, destacando su responsabilidad como administradores del erario público que obliga a un escrupuloso control del dinero de todos los contribuyentes”, aseguraba el PA. Los andalucistas “no entendemos la pulcritud de algunos políticos el hacer público sus bienes cuando con estas medidas lo que se consigue es dignificar sus funciones”. Una afirmación compartida por los socialistas “y que deseamos se vea cumplida en el Ayuntamiento de San Fernando”.